En el marco del llamado caso Golpe de Estado I, el tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz resolvió cambiar las medidas cautelares para los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.Luis Fernando Camacho, entonces gobernador suspendido de Santa Cruz, fue beneficiado con detención domiciliaria con salidas laborales, así como restricciones de movimiento, arraigo y una fianza de 100.000 bolivianos. Además, deberá presentarse ante la Fiscalía cada 15 días. Esta decisión podría permitirle retomar sus funciones en la Gobernación de Santa Cruz en los próximos días, una vez cumplidos los trámites judiciales correspondientes.Simultáneamente, Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí, obtuvo «libertad pura y simple». Se espera que el mandamiento de libertad se emita en breve, lo que permitirá su salida del penal de Cantumarca en las próximas horas o días, sujeto a formalidades administrativas.Esta decisión judicial llega tras una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para realizar una revisión urgente de la legalidad de la detención preventiva en casos como los de Camacho, Pumari y Jeanine Áñez.El fallo generó fuertes reacciones tanto de apoyo como de rechazo. Sus simpatizantes lo celebraron como un restablecimiento del Estado de derecho, mientras otros sectores y asociaciones de víctimas de Sacaba y Senkata denunciaron impunidad y exigieron justicia para las víctimas de los conflictos de 2019.
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